El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central que, en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica, se incluya una quita de parte de la deuda que la comunidad autónoma tiene con el Estado y, además, que se haga compatible la autonomía financiera con la armonización fiscal.
Estos dos elementos los ha trasladado el Ejecutivo regional a los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Cs, con quienes se ha reunido este lunes el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y otros miembros de su gabinete para pedir que la comunidad autónoma se presente con un posicionamiento acordado ante la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
En la rueda de prensa posterior a estos encuentros, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado varios de los planteamientos de la comunidad autónoma ante el nuevo modelo de financiación y, entre ellos, ha incluido el de la armonización fiscal, de forma que una vez que se decida qué impuestos se debe recaudar, “las comunidades autónomas cuenten con una horquilla en la que moverse” para fijar los tipos impositivos, con un “tipo mínimo y un tipo máximo” que evitaría el “dumping fiscal” entre comunidades autónomas.
Asimismo, también ha sugerido que las comunidades autónomas deban aportar el 100 por ciento de los recursos tributarios que las autonomías recaudan por tributos cedidos y tributos estatales no cedidos “en una bolsa común”, no el 75 por ciento como aportan en la actualidad, para ir a una “nivelación total”.
Doscientos millones al año
En concreto, Ruiz Molina ha calculado que se cambio en el fondo de nivelación supondría para Castilla-La Mancha un incremento de 200 millones de euros al año.
También ha pedido una quita de la deuda que la comunidad autónoma mantiene con el Estado, pues ha considerado que parte de esa deuda es consecuencia de la infrafinanciación, de mil millones de euros anuales según sus cálculos, que la comunidad tiene con el actual modelo de financiación.
Ruiz Molina ha recordado, asimismo, otros de los planteamientos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio de Hacienda en un documento de cuarenta páginas que le remitió a finales de enero, entre los que ha citado que la superficie de la comunidad autónoma no sea una variable correctiva a la hora de calcular el coste de los servicios públicos, sino que forme “parte de importante” de los bloques competenciales.
En este sentido, ha subrayado que no cuesta lo mismo prestar servicios como la sanidad o educación en zonas escasamente pobladas y dispersas que en otras con una mayor densidad de población.
“En una región como la nuestra, la superficie es importante, también por el coste de mantenimiento de las carreteras y por la conservación del patrimonio natural”, ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha añadido, asimismo, que otra de las peticiones es que se habilite un fondo adicional para las comunidades afectadas por la despoblación.
Se ha mostrado partidario, además, de que el nuevo modelo de financiación respete el status quo, de forma “que ninguna comunidad autónoma pierda recursos como consecuencia” del nuevo modelo de financiación.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha resaltado la importancia de que Castilla-La Mancha plantee un posicionamiento “de unidad” en la futura negociación y ha añadido, a la reunión de este lunes con los partidos, la que mantuvo el Ejecutivo regional con los agentes sociales a finales de enero, en la que también empresarios y sindicatos respaldaron el planteamiento del Gobierno autonómico.
Martínez Guijarro ha valorado la predisposición a la unidad que han manifestado los grupos políticos tras las reuniones y ha incidido en que este es “un ejemplo más de la estabilidad política y de normalidad institucional que existe en Castilla-La Mancha y que tal y como está la situación a nivel nacional, es una de las cuestiones que más beneficia en estos momentos” a la comunidad autónoma.
