El Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo ha tomado la decisión de adscribirse a la Diputación porque no puede modificar los estatutos, según exige la ley 27/2013 de 27 de noviembre, al no haber el quórum necesario: 138 de los 207 miembros, algo que no fue posible por las ausencias registradas.
De esto se ha quejado Tomás Villarrubia, vicepresidente de la institución provincial y presidente del Consorcio, porque en la asamblea de ayer también volvió a producirse la ausencia de varios representantes de los ayuntamientos u otras corporaciones locales, la mayoría militantes del Partido Popular. Es más, en la jornada de ayer únicamente comparecieron cinco de los que pertenecen al PP.
“Lamento –dice Villarrubia- la actitud irresponsable de todos aquellos que, de un modo intencionado o no, no han acudido a la asamblea, y los perjuicios que ello acarrea, por la falta de respeto hacia nosotros y por la falta de consideración por los perjuicios que ocasionan al propio Consorcio, al no dejar adaptar los estatutos a la nueva normativa”.
El Pleno del Consorcio será ahora el órgano que formalice la adscripción del Consorcio, a los efectos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (LRJPAC), a la Diputación de Toledo por ser la entidad que cumple con los requisitos previstos en la misma.
La constitución del Pleno, el pasado 6 de abril, y, ayer, de la Comisión Ejecutiva, permiten que el Pleno –previo dictamen de la Comisión- acuerde la adscripción del Consorcio a la Diputación, para que el Pleno de la institución acepte la adscripción del Consorcio, que implicará que en adelante el Consorcio se someta al régimen de contabilidad, financiero y de intervención de la administración provincial.
