El pasado jueves se sentó nuevamente en el banquillo de una de las salas del Palacio de Justicia de Talavera, concretamente la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, Susana Guerrero. Esta vez la causa que se juzgaba era si la denuncia que ella y su madre presentaron por abusos sexuales a la hija de la primera por parte de su padre -F.M- era una denuncia falsa o no.
Después de más de una década de pleitos contra el que considera un “depredador sexual y pederasta de manual”, por primera vez Susana salió “esperanzada” de la vista en los juzgados de la Ciudad de la Cerámica. En declaraciones a Ahoraclm ‘la madre coraje de Talavera’ dice otorgar “un voto de confianza a una justicia que aquí nunca me ha tratado bien”. Su optimismo se basa en tres detalles: no se atendió la petición de la Fiscalía de que la vista fuera a puerta cerrada; la hija de Susana, Nayara, de sólo 11 años de edad, “estuvo muy protegida por la magistrada en todo momento” –la sala se desalojó cuando tuvo que declarar la niña y lo hizo detrás de un biombo-; y sintió, por primera vez, que quien va a decretar el fallo “mostró empatía y no desaires hacia mi persona como hasta ahora”.
Causa reabierta
Cabe recordar que esta causa, que ahora se ha reabierto con un nuevo auto, quedó archivada en junio de 2017. De nada sirvió la acusación y el informe adjunto de un psicólogo y un psiquiatra de Gran Canaria –donde se trasladó para huir del padre de su hija- y en que se hacía constar que la huella psíquica de la niña era compatible con una situación de abuso sexual y que le había ocasionado un menoscabo en su salud del 36 por ciento. Cabe señalar que fue una pediatra la primera que sospechó que la niña podría estar sufriendo abusos, abusos que se cometerían en los fines de semana que le tocaba la custodia a su progenitor.
Siempre se impuso, en un juicio anterior por dilucidar la custodia y en este, el documento aportado por la Fiscalía elaborado por un forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo que basaba su argumentación en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), en román paladino, que la madre había influido en la pequeña para que dijera que había sido vejada por su propio padre. Un síndrome que no está reconocido científicamente, pero que en 2015 fue utilizado para quitarle la custodia a Susana, una sentencia que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo revocaron en 2016 y 2017, respectivamente, al tenerse en cuenta que el padre de la niña había sido condenado en 2008 a seis meses por golpear a Susana con una maza de madera y que esta cuestión “no era irrelevante” y debía ser tendía en cuenta.
Otro aspecto que no debe dejarse pasar por alto es que quien sienta en el banquillo a Susana Guerrero no es el padre de la niña, que en teoría y lógicamente es quien, creyéndose inocente, debería haberse personado para limpiar su honor, sino que es la propia Fiscalía la que actúa de oficio y presenta como testigo al acusado.
Volviendo a los informes, ambos son totalmente contradictorios. La defensa de Susana Guerrero intentó demostrar con una contrapericial que ese informe del forense de Toledo es “subjetivo, sesgado e induce a error” y, sobre todo, que no existe tal SAP. Intentó poner en antecedentes a la juez sobre el “calvario” que Susana ha sufrido con el padre de su hija desde que ella era pequeña y con abusos sexuales y condena incluidos, pero al no ser la causa que se dirimía no se permitió.
Contrapericial
En esta contrapericial, que no es otra cosa que un informe que intenta demostrar que la conclusión de otro informe previo perjudica a su cliente, se cuestionó la autoridad de un médico forense para elaborar un informe de este tipo donde se intenta averiguar mediante psicología clínica qué hay de verdad en lo denunciado. Se puso en tela de juicio la praxis, es decir, la forma de proceder puesto que aseguraron, tanto el letrado de la defensa como el psicólogo que elaboró esta contrapericial, que los tests a los que se sometieron tanto Susana como Nayara son tests para personas con trastornos mentales y en ningún caso válidos para discernir si existe mentira o verdad en la aseveración realizada en la denuncia.
A colación se instó al forense a que entregara las grabaciones audiovisuales de esos tests, algo que no se produjo al alegar que estaban encriptadas en un ordenador y que ningún técnico informático había logrado aún desencriptarlas. Quedó reflejado igualmente que la niña sólo estuvo 9 minutos sometiéndose a las preguntas de esos test, mientras Susana estuvo 30.
Otro detalle que sorprendió en la sala es que el forense llegó a estimar que la edad de la niña estaba entorno a los 15 años cuando en verdad Nayara actualmente tiene 11 y cuando la vio “tendría 6 ó 7”, puntualiza Susana.
La denuncia por abusos sexuales señala, según relata Susana a este digital, que el padre de Nayara obligaba a la niña “a verle cómo se duchaba, a ver películas pornográficas, le enseñaba el pene y le obligaba a tocarlo”.
Para Susana la inconsistencia de la prueba de la Fiscalía es “notoria”, los seis informes aportados por su defensa “esclarecedores”, el “relato claro” de la pequeña durante el cual negó que ni su madre ni su abuela la han inducido a decir que su padre hizo eso de lo que se le acusa, y que no se permitiera a la parte acusadora poder preguntarla son aspectos elocuentes que la madre coraje, entiende, plasman la realidad de la cosa juzgada.
La Fiscalía insistió en pedir dos años de cárcel para Susana Guerrero por denuncia falsa y simulación de delito, retiró a la abuela de la niña la acusación de denuncia falsa y el juicio quedó visto para sentencia.
“Destrozó mi infancia”
La vida de Susana Guerrero no ha sido fácil. Escucharla pone los pelos de punta a la par que te deja atónito por su forma de expresarse, su dominio del vocabulario, su aplomo y convicción.
No debe ser fácil darte cuenta con 13 años que tu propia madre te maltrata. En esa época es cuando apareció el hoy padre de su hija. Formaba con su mujer un matrimonio normal, en apariencia como otro cualquiera. Ayudaron en todo lo que pudieron a Susana, la acogieron en su casa y ejercieron de padres. Todo idílico hasta que dos años después ese padre putativo comenzó a abusar sexualmente de ella. El Hospital de Talavera -continúa su relato Susana- redactó un informe en febrero de 2002 en el que hacía constar esos presuntos abusos sexuales contemplando que el himen no estaba íntegro y que se apreciaban lesiones en la pared vaginal.
La policía tuvo que actuar de oficio y Susana comenzó su periplo por centros de menores en los que era internada pero siempre era localizada por su agresor “que se enteraba donde estaba, venía y me secuestraba. Todo muy extraño”. Tras el juicio, en el que quedó absuelto, comenzó la animadversión de Susana contra el estamento judicial talaverano.
La situación de desamparo y ya con 16 años, sin poder ser acogida en los centros de menores, llevó a Susana a volver con él, ahora que ya se había separado de su mujer. De padre pasó a ejercer como pareja a la fuerza y la dejó embarazada a los 17 años. Los abusos habían sido constantes y en 2008 se produjo ese episodio de violencia de género en el que fue golpeada como una maza de madera. Un golpe que supuso un punto de inflexión en su relación puesto que el agresor tuvo ingresar en la cárcel durante seis meses y Susana, ya con 20 años y mayor madurez, decidió emprender su vida junto a su hija y lejos de un “depredador que abusó de mí durante 8 años”. Fue entonces cuando se marchó a las Islas Canarias con su hija pero el padre, una vez libre, ejercicio su derecho de poder ver a su hija, algo que hacía en fines de semana alternos.
“Había destrozado mi infancia y pretendía destrozar la de mi hija. Cuando la pediatra detectó que algo no iba bien con Nayara dije que hasta aquí hemos llegado”, enfatiza Susana, quien decidió impedir que el progenitor de su hija pudiera verla y emprendió el camino judicial para conseguirlo legalmente. Lo que parecía algo sencillo tornó en un “suplicio judicial. Nunca he entendido que con todos los antecedentes e informes que había la justicia le proteja a él y cargue contra mí”.
Le quitaron la custodia en mayo de 2015 y luego medió otra denuncia por maltrato en la que se acusaba a la actual pareja del padre de Nayara -R.M.S.- de infligírselos a la niña. Lo hizo la abuela de la pequeña pero la que fue condenada a pagar una multa de 5.100 euros fue Susana.
Después de mucho bregar por los tribunales en mayo de 2017 el Supremo le devolvió la custodia de su hija, pero la pesadilla continúa porque se le acusa de haber incumplido el régimen de visitas y el 26 de julio tendrá que volverse a sentar en un banquillo de los Juzgados de Talavera. La Fiscalía le pide otro año más de prisión.
Arropada
Este jueves Susana Guerrero ha visto, como en otras vistas celebradas en Talavera, que no está sola. Que su indefensión tiene detrás a más de cien colectivos y a miles de personas que luchan, a través de la campaña #hablemosporella, bajo el slogan ‘Hay salida’, para arropar a las víctimas de la violencia de género, para que el sistema cambie, para que se deje de proteger al maltratador y al abusador, para que en litigios de este tipo no sepa la sociedad cómo se llama y qué aspecto tiene la víctima sino que se hable y conozca cómo se llama y qué cara tiene el maltratador. Y sobre todo, como lamentan, que “la justicia no sea machista y desproteja a la víctima, como en este caso, porque entones si que no habrá salida”.
