El fiscal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas ha solicitado la pena de veinte meses de prisión para el exalcalde del Partido Popular de Valmojado, Emiliano Paulino González Serrano, a quien acusa de un delito de tráfico de influencias.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, González Serrano se benefició del allanamiento de un terreno del que era propietario para pasar a ser dominio público con el actual alcalde, Jesús Aguado López, también del PP, gracias a un informe favorable del abogado Rafael Marcos Moreno.
La acusación apunta que cuando era alcalde Emiliano Paulino González Serrano, en 2010, se aprovechó de su posición para que en 2011, siendo ya regidor Jesús Agudo López, conseguir el objetivo de beneficiarse de la propiedad de un terreno suyo.
Para ello, se nombró como abogado del Ayuntamiento de Valmojado a Rafael Marcos Moreno, que anteriormente se encargó de llevar los asuntos de la empresa Valserranew, de la que era administrador único Emiliano Paulino.
La Fiscalía argumenta que el abogado, a sabiendas, emitió un informe favorable que permitió acordar el allanamiento del terreno propiedad de Emiliano Paulino cuando se estaba debatiendo en el consistorio un procedimiento contencioso administrativo. De este modo, Rafael Marcos Moreno “defendió así los intereses del Ayuntamiento y los de Emiliano, partes contrarias en ese procedimiento”, según sostiene el fiscal.
Como consecuencia del memorándum elaborado por Rafael Marcos, el alcalde actual, Jesús Agudo, votó en el pleno extraordinario que se celebró el 27 de julio de 2012 a favor del allanamiento en el procedimiento contra la propiedad de Emiliano Paulino, consiguiendo finalmente que otros concejales votaran también a favor.
Por todo ello, la Fiscalía acusa a Emiliano Paulino González de tráfico de influencias y pide para él una pena de veinte meses de prisión, inhabilitación durante ese tiempo y una multa del doble del valor del terreno, cuya propiedad no le fue quitada.
Por otro lado, a Jesús Agudo le acusa de prevaricación y le pide una pena de inhabilitación durante ocho años y a Rafael Marcos le imputa de un delito de deslealtad profesional, con una pena de quince meses de multa con una cuota diaria de doce euros e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante tres años.
