IU Castilla-La Mancha ha denunciado que más de 6.000 personas en Toledo se van a quedar fuera del bono social de electricidad, que entró en vigor el pasado de enero, porque los requisitos para obtener un descuento en la factura de la luz son “sumamente restrictivos”.
Así lo han manifestado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, y la responsable regional de Estrategias para el Conflicto, Olga Ávalo, en un archivo sonoro enviado a los medios de comunicación para informar de los datos de pobreza energética.
Ávalo ha recordado que esta formación política siempre ha defendido que los servicios básicos sean “asequibles para todos”, si bien, ha lamentado que la última reforma del bono social de electricidad, que entró en vigor el 1 enero, ha sido “un verdadero desastre”.
Ha dicho que más de 6.000 personas en Toledo no van a poder beneficiarse de descuentos en la factura de la luz porque los requisitos son “sumamente restrictivos”, ya que, a pesar de que incluye a todas las familias numerosas, deja fuera a todas aquellas que tengan contratadas en sus viviendas potencias de 3 kilowatios o inferiores.
“Nos vuelven a vender el bono social, que tiene como objetivo ayudar a los más vulnerables, y dejan fuera a centenares de personas”, ha criticado la responsable de IU, quien ha explicado que ese tipo de contrato se corresponde, normalmente, con “hogares monoparentales donde vive una sola persona, mujeres en la mayoría de los casos”.
Por ello, ha destacado la necesidad de cambiar el modelo energético actual para que los castellanomanchegos puedan tener “una vida digna”.
Pobreza energética
En la misma línea, Crespo ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha está sufriendo la pobreza energética “con mayor intensidad que en el resto del Estado” y ha culpado de ello a “la falta de políticas sociales”.
Ha señalado que el presidente regional, Emiliano García-Page, “no ha querido revertir los recortes” que acometió su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, y ha criticado que los presupuestos aprobados durante su mandato son “copia” de los del PP.
En este sentido, ha remarcado que, según datos de los directores de centros de los servicios sociales, sería necesario un incremento del 31 por ciento del presupuesto destinado a políticas sociales, es decir, 63 millones de euros, para estar en la media del resto del país.
Además, ha acusado al Gobierno regional de haber hecho “dejación de sus funciones” este año por no haber presentado el presupuesto para 2019, así como de no haber recuperado los servicios que se privatizaron en la legislatura pasada.
“No hay políticas sociales y las consecuencias las pagan los más desprotegidos”, ha afirmado Crespo, para quien el actual Ejecutivo autonómico ha hecho “una extensión” de las políticas que hacía el PP en Castilla-La Mancha.
