Tras el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 11 de mayo, Talavera de la Reina deja de pertenecer a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, ente adscrito a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así lo ha desvelado hoy la viceportavoz del grupo Socialista, Flora Bellón, quien ha señalado que el argumento esgrimido por el Ejecutivo local es que la cuota por pertenecer a este colectivo es de 2.000 euros al año: “es lamentable que el alcalde ponga precio a lo que es calidad democrática”, ha enfatizado.
Objetivos de la Red
Como recogen en sus estatutos los objetivos de esta Red es promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios.
También facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación a la ciudadanía y a la sociedad, en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública.
Y como tercer punto el reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.
Muchos casos de oscurantismo
Tras los últimos casos de opacidad u oscurantismo que han saltado a los medios de comunicación –plazas de toros portátiles, desglose de gastos en las Ferias de San Isidro, reuniones ministeriales, trasvases o reclamación de agua para el Tajo– donde el Gobierno no ha estado a la altura informativa, Bellón entiende que la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera lleve siete meses desde su aprobación sin ningún recorrido “cuando la mayoría de las ciudadaes ya lo tienen” y que el portal de transparencia de la página web municipal no esté actualizado y no figuren “las declaraciones de los concejales tránsfugas”.
En sus críticas por el hecho de ser un asunto económico ha hecho mención a los 700.000 euros de la Oficina de Captación de Empresas “que no sabemos para qué sirve”, lamentando que no haya 2.000 para participar en los grupos de trabajo, en las reuniones para poner en común experiencias e incluso en los cursos de formación para responsables de portales de transparencia de la Red de Entidades Locales por la Transparencia.
